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Breve análisis del financiamiento público de salud en Chile (año 2024)

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Breve análisis del financiamiento público de salud en Chile (año 2024)

El año 2024, el total de ingresos percibidos por FONASA fue de poco más de 14,1 billones de pesos (casi 15.000 millones de US$). El 76,2% de esa cifra proviene de aporte fiscal, el 21,4% de las cotizaciones y un 2,4% de otras fuentes (gráfico 1).

El año 2024, el total de ingresos percibidos por FONASA fue de poco más de 14,1 billones de pesos (casi 15.000 millones de US$). El 76,2% de esa cifra proviene de aporte fiscal, el 21,4% de las cotizaciones y un 2,4% de otras fuentes (gráfico 1).

Gráfico 1: Total ingresos año 2024

Los aportes fiscales que recibe FONASA provienen principalmente de los impuestos generales que recauda el Estado. Es decir:

  • IVA
  • Impuesto a la renta
  • Impuestos específicos – como combustibles o tabacos –
  • Otros tributos generales

Estos aportes fiscales:

  • Cubren la atención de salud de los beneficiarios de tramos A y B (personas sin capacidad de pago o de bajos ingresos).
  • Financian parte de las prestaciones que exceden las cotizaciones del 7 % en los otros tramos.
  • Incluyen recursos adicionales para programas como el AUGE-GES o el Copago Cero.

En Chile, el Ministerio de Salud representa aproximadamente entre un 18 % y 19 % del gasto público total.

De ese total de ingresos, un 24,8% se destina al nivel primario, es decir, a financiar la red de postas y consultorios y diferentes programas de prevención y promoción de vida saludable. Esto está por debajo de la recomendación de la OMS que sugiere que los países destinen al menos el 30 % del gasto total en salud pública a atención primaria de salud (APS). Un 62,2% va al nivel secundario o terciario (al SNSS para financiamiento de atenciones de  especialidad, cirugías ambulatorias, partos y hospitalizaciones), un 6,2% a la modalidad Libre Elección, un 5,4% a compras directas de atenciones al sector privado y un 1,4% a financiar tratamientos de alto costo a través de la ley Ricarte Soto (Gráfico 2).

Los aportes fiscales que recibe FONASA provienen principalmente de los impuestos generales que recauda el Estado. Es decir:

  • IVA
  • Impuesto a la renta
  • Impuestos específicos – como combustibles o tabacos –
  • Otros tributos generales

Estos aportes fiscales:

  • Cubren la atención de salud de los beneficiarios de tramos A y B (personas sin capacidad de pago o de bajos ingresos).
  • Financian parte de las prestaciones que exceden las cotizaciones del 7 % en los otros tramos.
  • Incluyen recursos adicionales para programas como el AUGE-GES o el Copago Cero.

En Chile, el Ministerio de Salud representa aproximadamente entre un 18 % y 19 % del gasto público total.

De ese total de ingresos, un 24,8% se destina al nivel primario, es decir, a financiar la red de postas y consultorios y diferentes programas de prevención y promoción de vida saludable. Esto está por debajo de la recomendación de la OMS que sugiere que los países destinen al menos el 30 % del gasto total en salud pública a atención primaria de salud (APS). Un 62,2% va al nivel secundario o terciario (al SNSS para financiamiento de atenciones de  especialidad, cirugías ambulatorias, partos y hospitalizaciones), un 6,2% a la modalidad Libre Elección, un 5,4% a compras directas de atenciones al sector privado y un 1,4% a financiar tratamientos de alto costo a través de la ley Ricarte Soto (Gráfico 2).

Gráfico 2: Destino del presupuesto de salud 2024

Respecto de las compras a privados, el mayor porcentaje se destina a financiar la Ley de Urgencias  (cerca de $250.000 millones), a compras de hemodiálisis (aprox $236.000 millones), a compras de camas críticas para derivaciones desde la red pública, con pago por GRD (cerca de $75.000 millones), bonos Auge (cerca de $47.000 millones), Garantías incumplidas (cerca de $34.000 millones) y otros programas menores (Gráfico 3).

Respecto de las compras a privados, el mayor porcentaje se destina a financiar la Ley de Urgencias  (cerca de $250.000 millones), a compras de hemodiálisis (aprox $236.000 millones), a compras de camas críticas para derivaciones desde la red pública, con pago por GRD (cerca de $75.000 millones), bonos Auge (cerca de $47.000 millones), Garantías incumplidas (cerca de $34.000 millones) y otros programas menores (Gráfico 3).

Gráfico 3: Compras a privados 2024

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