Antes de contestar esa pregunta es importante entender el rol que cumplen los sistemas de compra de servicios o  de pago en salud. Entendemos por mecanismo de pago la forma en que se organiza la compensación económica que recibe un prestador sanitario por la prestación de sus servicios a un paciente o a un grupo de pacientes, por parte de un financiador, que puede ser un seguro u otro. Los mecanismos de pago  permiten alinear los objetivos de ambas partes (el comprador/financiador y el prestador). Me explico, el comprador debe escoger  mecanismos que por un lado incentiven mejoras en los rendimientos de los hospitales o clínicas y  al mismo tiempo protejan los intereses de los pacientes, en particular la calidad de las atenciones, de ahí su importancia. La razón por la que es difícil encontrar sistemas de pago óptimos en salud radica en que el  sector se caracteriza por sus  asimetrías de información, que son anomalías que provocan que los mercados funcionen de manera deficiente. En efecto, cuando  en una transacción, uno de los actores tiene más y mejor información que la otra parte, se corren diversos riesgos tales como inducir la demanda. Veamos cómo funciona el sector salud: típicamente, hay tres actores en juego, un ciudadano que en algún momento se transformará en paciente que  paga un conjunto de primas o impuestos a un financiador o asegurador (público o privado) y es atendido por médicos o instituciones hospitalarias, que a su vez reciben un pago por parte del financiador a cambio de los servicios prestados.  Aunque también podría darse el caso que el paciente pague directamente al médico u hospital, vamos a omitir esa situación aquí en aras de la simplicidad. En estas relaciones existen al menos tres asimetrías de información que resultan claves, pero nos enfocaremos en la principal: todo el conocimiento sobre el diagnóstico y las alternativas de tratamiento, sus riesgos y  costos radica en  el profesional asistencial. En otras palabras, es el médico quién dispone de la información para decidir lo que le conviene al paciente y el médico podría no actuar de acuerdo con lo que es mejor para este, por ejemplo podría cobrar más o pedir más exámenes que los necesarios, operar cuando no es necesario etc. A esto nos referimos con demanda inducida. En esas circunstancias, es fácil advertir que el financiador corre con todo el riesgo.