Cada año, miles de pacientes Fonasa llegan a clínicas privadas en riesgo vital, atendidos gracias a la Ley de Urgencia que obliga a los prestadores a recibirlos hasta su estabilización. Tras esto, debieran ser trasladados a la red pública, a menos que decidan pagar la atención privada. Sin embargo, este rescate – nombre que se le da al traslado– rara vez ocurre, debido a problemas en la gestión, y es el Estado el que termina pagando la cuenta de la hospitalización, pero ahora a un precio distinto, lo que termina desviando recursos públicos que podrían haberse destinado a otros niveles del sistema.

A diferencia del gasto inicial de urgencia —que el paciente debe reembolsar a Fonasa con un tope mensual del 5% de su sueldo o pensión— el rebase no genera deuda para el usuario.

El % de traslados efectivos ha promediado apenas un 11% en la última década, según cifras de la Subsecretaría de redes asistenciales, los cuales son gestionados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) dependiente del Minsal.

El gasto en rebases de Fonasa ha registrado aumentos importantes: en 2015, alcanzó los $27 mil millones. En 2023 la cifra superó los $119 mil millones y en 2024 los $273 mil millones. Entre 2015 y 2025, Fonasa desembolsó más de $826 mil millones a prestadores privados por mantener hospitalizados a pacientes ya estabilizados y en espera de traslado a hospitales públicos.

📌 Falta de Camas y gestión ineficiente:
Expertos y autoridades coinciden en que el problema es estructural y tiene raíces tanto en la capacidad de la red pública como en su gestión interna. Entre los principales factores que dificultan la ejecución de estos rescates se encuentra la alta demanda de hospitalización, la cual supera la oferta disponible de camas destinadas a rescat.

Desde el ministerio aseguran que se ha impulsado una “Estrategia de Desocupación”, que permite derivar a pacientes estabilizados a centros con convenio Fonasa —como servicios de hospitalización domiciliaria o de rehabilitación básica— cuando los hospitales públicos no pueden recibirlos.

📌 Sistema informático al debe:
Según una auditoría de Contraloría, el proceso depende de un sistema informático que en la práctica no cumple con sus objetivos, registrando las gestiones solo como una bitácora sin dejar evidencia verificable de las decisiones ni del criterio utilizado en cada caso, lo que dificulta seguir el curso de las derivaciones. Además, el contrato con al empresa Openagora SpA, ha sido renovado de manera continua vía trato directo, lo que infringe la Ley de Compras Públicas, según el ente contralor.

En 2020, Ministerio de Salud Chile inició gestiones para desarrollar un sistema propio que reemplazará la plataforma vigente, pero el proyecto se detuvo en 2022 y recién se retomó el 2024.