La contratación al sector privado de servicios sanitarios para la resolución de patologías agudas por parte del seguro público ha sido históricamente controversial. Sus detractores señalan que estos recursos debieran ser utilizados para potenciar la red pública y que su desviación al sistema privado debilita la capacidad de la red púbica. Los defensores señalan que nada puede anteponerse al objetivo principal que es brindar salud a los pacientes y cuando la red pública no es capaz de resolver, bienvenida la red privada. Ha sido complejo llegar a un entendimiento, a un punto de acuerdo entre estas posturas. Y probablemente contribuye a esto el hecho de que Fonasa no paga lo mismo al sector público que al sector privado, para un determinado problema de salud. En efecto, a continuación se detallan los precios base pagados al sector público y al privado. En el caso del sector público, Fonasa definió clusters en base a la complejidad de los hospitales y a aspectos geográficos (zona austral, donde los costos son más elevados). En el caso del sector privado, el precio base depende del peso relativo del paciente, que a su vez se asocia a la complejidad. Así, es posible suponer que para un paciente de baja complejidad (por ejemplo, un paciente calificado con GRD de peso relativo 1), un hospital público de baja complejidad debería recibir un precio de $1.941.168, en cambio una clinica privada recibiría en el entorno de $2.100.000. En cambio, para un paciente más complejo (p.e., GRD 3), un paciente en el sector público debiera recibir entre $7.200.000 y $7.500.000, en cambio una clínica privada recibiría en el entorno de los $15.000.000, es decir, el doble.